Por Paola Godoy Samhan
El Decreto N°12 de interoperabilidad establece el marco claro para el diseño e implementación de posibles soluciones para que todos los procedimientos administrativos sean completamente digitales. Esto no solo mejora la eficiencia, sino también la relación entre el Estado y las personas.
Interoperabilidad, un derecho ciudadano
La ley establece la interoperabilidad como un principio y derecho ciudadano, permitiendo que los ciudadanos no tengan que aportar datos que el Estado ya posee, lo que conlleva una administración pública más disponible, servicios más ágiles y una mayor transparencia.
La ley también introduce este principio de "solo una vez", que permite a los ciudadanos no tener que proporcionar documentos o información que ya se encuentren en poder del Estado. Lo que reduce la carga administrativa de las personas y promueve una atención más rápida y precisa.
Al implementar una red de interoperabilidad que permite la comunicación y transferencia segura de información entre organismos; cada organismo cumple funciones a través de un nodo, que incluye la conexión segura y el registro de trazabilidad. La red se estructura para que cada organismo pueda publicar los servicios de datos que ofrece, promoviendo una mejor gobernanza y facilitando la integración entre instituciones.
Se suman municipios y gobiernos regionales a la interoperabilidad
Uno de los desafíos más importantes es la inclusión de municipios y gobiernos regionales en la adopción de estas plataformas para brindar un servicio digital integral en todas las áreas del Estado.
Asimismo, es fundamental que los sistemas de interoperabilidad cumplan con la Ley de Protección de Datos Personales y otras normativas relevantes, ya que los datos intercambiados deben ser seguros y proteger la privacidad. Definir protocolos de seguridad robustos (como el uso de SSL/TLS, cifrado de datos, autenticación de usuarios y auditoría de accesos) y garantizar que todos los sistemas cumplan con las normativas legales para evitar sanciones o vulnerabilidades.
En definitiva, el desafío más amplio es alinear la interoperabilidad con la estrategia general del gobierno, teniendo en cuenta que cada ministerio o entidad pública puede tener sus propios objetivos y prioridades.
